Bélgica expulsó entre 2013 y 2014 a más de 4000 ciudadanos comunitarios, de los cuales más de 400 tenían nacionalidad española

Bruselas, 10 de noviembre de 2015. La asamblea del 15M/MG Bruselas, con Sara Lafuente como portavoz, defenderá este jueves 12 de noviembre ante el Parlamento Europeo la queja oficial contra la expulsión de ciudadanos comunitarios por parte de Bélgica, presentada en abril de 2014. El colectivo solicita al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que evalúen las leyes belgas de extranjería, que estarían incumpliendo la directiva comunitaria 2004/38 en la que supuestamente se amparan. La petición denuncia además los términos de la propia directiva europea, que vulnera los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación establecidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales (Articulo 21) y en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (Articulo 18).

El 15M/MG Bruselas pide a la Comisión Europea un cambio legislativo para «que se retire la exigencia de «recursos suficientes», de «seguro de salud con cobertura suficiente» y toda referencia a «ser una carga para la asistencia social»”, del texto de la directiva 2004/38, de manera que la norma comunitaria garantice “el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía europea independientemente de su condición económica”.

La petición insta además a las autoridades competentes a reconsiderar si dicha directiva es acorde con el Tratado de la Unión y la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ya que condicionar el derecho de libre circulación a unos determinados ingresos,”vulnera el principio de igualdad ante la ley y ampara el trato discriminatorio de ciudadanos europeos emigrantes, en especial de los que provienen del sur y del este de Europa, que sufren más duramente las consecuencias de la crisis económica”. 

Bélgica expulsó entre 2013 y 2014 a más de 4000 ciudadanos comunitarios, de los cuales más de 400 eran españoles, la tercera nacionalidad tras rumanos y búlgaros. Las órdenes de abandonar el territorio afectaban en 2013 incluso a ciudadanos con trabajo, contratados a través de diversos programas de fomento del empleo financiados con fondos públicos, por lo que la administración belga les consideraba “una carga para el sistema de ayuda social.” Aunque en la práctica no se aplicaban repatriaciones forzosas, la eliminación de datos personales del registro o la negativa de registro por parte de la autoridad belga produce la “muerte administrativa” de la persona afectada. 

La razón de estas cifras es que el estado belga controla desde 2011 de forma sistemática y centralizada la información sobre los extranjeros residentes, cruzando datos personales de quienes se registraban en los CPAS [organismos municipales encargado de las ayudas sociales] para solicitar una ayuda social, con los del Office des Étrangers [la oficina de extranjería del Ministerio del Interior]. Según los firmantes, este control lleva a la expulsión automática de extranjeros que superan los tres meses de ayuda social, vulnerándose con ello no solo la directiva comunitaria, sino la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y la normativa europea de tratamiento y protección de datos de carácter personal. 

Lamentablemente, el caso belga no es el único. En el último año hemos visto cómo las expulsiones y legislaciones extremadamente restrictivas de libre circulación y residencia se extendían por países como Alemania, Reino Unido o Francia. El gobierno alemán aprobó el verano pasado una ley que permite expulsar a los ciudadanos comunitarios que no encuentren trabajo en seis meses, y el gobierno británico ha seguido sus pasos proponiendo el mismo cambio legislativo en noviembre de 2014. 

Con esta iniciativa, el 15M/MG Bruselas, denuncia la proliferación de legislaciones nacionales cada vez más restrictivas e insolidarias, pero también el enfoque neoliberal de la política migratoria europea (hacia dentro como hacia países no europeos), que fomenta la selección económica y la exclusión de las personas, mientras ofrece una justificación legal a la xenofobia.

Comunicación y Prensa: 

Día: 12 de noviembre de 2015

Hora: a partir de las 10:30

Lugar: Parlamento Europeo, sala JAN 4Q1, ver orden del día se podrá seguir vía streaming utilizando siempre Internet Explorer, pincha aquí

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