Bélgica expulsó entre 2013 y 2014 a más de 4.000 ciudadanos comunitarios, de los cuales más de 400 tenían nacionalidad española
Bruselas, 14 de noviembre.- La asamblea del 15M/Marea Granate Bruselas defendió este jueves ante el Parlamento Europea una queja oficial contra las expulsiones de ciudadanos comunitarios presentada en abril de 2014. Ante una sala medio vacía y con la presencia tardía de la representante de la Comisión, el colectivo pidió la libre circulación de las personas y el respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Sara Lafuente, firmante de la petición y miembro de la asamblea 15M/Marea Granate, denunció ante la Comisión de Peticiones cómo la directiva comunitaria 2004/38 sobre libre circulación vulnera dos derechos fundamentales: el principio de igualdad ante la ley y la discriminación por razón de nacionalidad. Solo en 2013, Bélgica expulsó a 2.700 residentes comunitarios; en 2014, la cifra alcanzó los 4000.
Además, en términos legales, las expulsiones que está llevando a cabo el gobierno belga van más allá de lo que la propia normativa comunitaria permite. Y es que, tal y como explicó Lafuente, la protección de los datos personales de los ciudadanos está siendo vulnerada, ya que las autoridades belgas están intercambiando datos entre los CPAS (organismos municipales encargado de las ayudas sociales) para solicitar una ayuda social, con los del Office des Étrangers (la oficina de extranjería del Ministerio del Interior), sin consentimiento de los interesados. Por lo tanto se está produciendo un control de ciudadanos dependiendo de su nacionalidad, lo que claramente vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la que se especifica nacionalidad”.
Lafuente resaltó el factor social de todo este proceso, ya que por el mero hecho de recibir la carta de expulsión se condena al afectado a una “muerte administrativa”.
El 15M/Marea Granate también denuncia que las autoridades podrían estar incurriendo en una mala administración, ya que estás órdenes de expulsión llegan sin previo aviso y sin alegar las razones específicas por las cuales se debe abandonar el territorio belga.
La respuesta de la Comisión Europea
Por su parte, la representante de la Comisión Europea, que se retrasó y no escuchó la intervención de Lafuente, explicó que desde la primavera de 2014 se encuentran en negociaciones con el Gobierno belga, lo que corrobora el intercambio de datos personales. Además, afirmó que continuará sus conversaciones con el Ejecutivo para examinar el procedimiento administrativo de expulsión y denegación de registro, y para revisar si se hace respetando la Carta de derechos fundamentales, en concreto el derecho a una buena administración, que incluye “acceso al expediente”, “audiencia previa” y “motivación suficiente”.
La CE quiere esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre una cuestión prejudicial planteada sobre si el derecho a una buena administración compromete también a las administraciones nacionales, antes de tomar medidas. Pero la sentencia puede tardar más de dos años. No obstante, la CE concluyó que la Comisión de Peticiones junto a la Comisión de Libertades están preparando un informe sobre la libertad de que se estudiarán casos concretos.
Solo una eurodiputada española en la sala
El 15M/Marea Granate Bruselas lamenta que en el posterior debate parlamentario tan sólo una eurodiputada española, Ángela Vallina (Izquierda Unida) estuviera presente, teniendo en cuenta que hay otros diez eurodiputados españoles miembros y sustitutos en la Comisión de Peticiones. Vallina se comprometió a formular una pregunta oral en el pleno del Parlamento Europeo para interpelar directamente al Comisario Europeo Avramopoulos encargado de estas competencias. En cualquier caso, ya han expresado su apoyo a la petición Edouard Martin, del Partido Socialista francés y Eleonora Evi, del Movimento 5 Stelle italiano.
El colectivo en colaboración con la plataforma Europe4people seguirá estudiando esta problemática y luchando por una revisión de la directiva comunitaria 2004/38 sobre la libre circulación. Como denunció Lafuente: “no podemos permitir que la deriva restrictiva de la Unión Europea continúe, sino que debemos apoyar una Europea más social y cohesionada”.
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