Comunicado de Marea Granate en apoyo a la convocatoria de la Marea Roja

Las políticas de austeridad y recortes llevadas a cabo en nuestro país han provocado una emigración masiva de investigadoras e investigadores al extranjero: según una encuesta sobre ocupación laboral realizada por Marea Granate a 456 personas emigradas, el 16% de quienes participaron se habían marchado del país por falta de oportunidades laborales en el sector I+D+i (investigación desarrollo e innovación) que sí encontraron en los lugares en los que actualmente residen.

Este dato se corresponde asimismo con la pérdida de empleo público en el sector de la investigación. Entre 2009 y 2012 se ha producido un recorte acumulado del 33,78% en la inversión pública en I+D+i, y esta ha quedado estancada desde entonces. Asimismo, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril ha supuesto el establecimiento de tasas de reposición del 10% para el personal científico que se jubila, lo que ha impedido la contratación de personal y ha convertido el sistema español de I+D+i en uno de los más envejecidos de la UE. Todo ello, unido a la falta de financiación para proyectos y contratos, y al escaso interés del actual gobierno en el ámbito de la investigación han provocado que, según estimaciones, nuestro país haya perdido el 10% de sus investigadores en estos últimos años.

La emigración de profesionales de la investigacación, no es un fenómeno nuevo: tradicionalmente España ha sido un país exportador de científicas y científicos formados, sobre todo en sus etapas postdoctorales. Empujadas por la falta de una carrera investigadora en nuestro país y por un modelo de contratación, exiguo y precario, muchas personas con formación científica o de ingeniería han abandonado el país a pesar de la incertidumbre de la vuelta y de los insuficientes e inestables planes de retorno. Aun antes de que comenzaran los recortes presupuestarios en el sector público en 2009, muchas personas estaban haciendo las maletas por segunda vez tras un regreso al país frustrante.

Hoy en día, la situación se agrava y cronifica, y vemos cómo la emigración de profesionales de las ciencias físico-naturales, de humanidades y de las ciencias sociales se perpetúa y se extiende a otras etapas. Estudiantes de universidad, de máster, de tesis, e investigadoras y investigadores salen de España huyendo de las elevadas tasas universitarias, la precariedad, el desempleo y la falta de oportunidades. No sólo esto, si no que una vez eliminados los anteriores planes de apoyo desde Gobierno y Comunidades Autónomas para el personal científico emigrado, estas personas están literalmente abandonadas a su suerte en el exterior. A su vez, los planes de retorno siguen siendo ínfimos y siguen promulgando una incertidumbre no ya sólo en cuanto a la estabilización laboral, sino incluso en cuanto a la propia financiación salarial.

Además, la tasa de retorno de personas dedicadas a la investigación y a la ciencia es una de las más bajas de todos los colectivos migrantes, debido a la falta de estabilidad y de financiación en esos sectores, al incumplimiento de los planes de retorno y a la pérdida (en ocasiones irremplazable) de tejido investigador en nuestro país.

Entretanto, cada vez son más las universidades, centros de investigación y empresas extranjeras que se benefician con el flujo constante de migrantes del Estado español, generalmente con alta formación y especialización, que deciden continuar su carrera profesional en otro país. Esto constituye una política suicida de evasión constante de recursos públicos, de personas formadas con la inversión en nuestra educación y ciencia públicas, que nunca podrán aportar su trabajo al bienestar de nuestra sociedad ni a la verdadera recuperación de nuestro país.

Frente al vergonzoso estado del I+D+i, el actual gobierno ratifica y fomenta un modelo sostenido por el turismo y la especulación inmobiliaria y olvida la importancia de la investigación y las ciencias como herramientas fundamentales de bienestar y de transformación social hacia un futuro más justo y sostenible.

A los recortes en ciencia se unen los recortes en otras partidas presupuestarias como sanidad, educación, pensiones, etc. agravando aún más el panorama y dificultando enormemente las posibilidades de retorno de quienes hemos emigrado.

Sin Educación no hay Ciencia. Sin Ciencia no hay Sanidad.

Sin Educación, Ciencia y Sanidad, no hay Servicios Sociales.

Son nuestros derechos, no su negocio.

Por todo ello, nos adherimos a las demandas de la Marea Roja y exigimos:

• El sector científico reclama un modelo radicado claramente y primariamente en la generación de conocimiento. Sobre esta base se ha de construir una sociedad más desarrollada y más sostenible, una ciudadanía más formada, más crítica y, por tanto, más libre.

• Reclamamos carreras científicas claramente definidas, estables y dignas para todo el sector: personal en formación, de apoyo, administración, ayudantes, técnicos, titulados, gestores e investigadores. Esto incluye, prioritariamente, la conciliación de la vida laboral y familiar. El carácter vocacional de la ciencia no debe diferenciarnos del resto de profesiones en ese aspecto.

• Pedimos el reconocimiento al desempeño y el esfuerzo del personal del sector científico. Admitimos la importancia de la fiscalización y evaluación de nuestro trabajo, pero a la vez pedimos que se nos reconozcan el esfuerzo y la dedicación, facilitando incentivos y promociones adecuadas. Por otro lado, reclamamos carreras científicas no dirigidas al liderazgo de grupos de investigación: es insostenible que todos los contratados postdoctorales tengan que competir por plazas de jefes de grupo como única opción para poder consolidar su puesto de trabajo.

• Financiación pública de la investigación independiente de los devenires políticos, en la que se contemplen convocatorias competitivas regulares para la mejor planificación de la investigación. Esta financiación ha de ser suficiente, adecuada y en consonancia con los objetivos propuestos.

• Eliminación de la cofinanciación de proyectos de investigación y de contratos de personal científico y de apoyo, que ahoga a los pequeños/medianos grupos y/o centros. Los programas de financiación deben incluir los fondos necesarios para cubrir los gastos reales.

• Separación clara de los fondos para investigación pública y privada, así como para la investigación “civil” y la militar. Las cifras no deben maquillarse con fondos supuestamente puestos a disposición de entidades que no hacen uso de los mismos.

• Implicación de los investigadores y profesores titulares, profesores asociados, contratados doctores ayudantes doctores, personal técnico de laboratorio y personal de administración y servicios de las diferentes universidades y centros de investigación públicos, en la defensa de su actividad profesional y sus derechos colectivos.

• Esperamos que en futuras “celebraciones” podamos haber tachado alguno de los puntos de estas reivindicaciones básicas, lo que no ha sido el caso en los últimos años.