El pasado 1 de mayo, durante la clásica manifestación del Día Internacional de las y los Trabajadores en París, se llevaron a cabo acciones simbólicas para denunciar el aumento de la represión policial en el marco de las movilizaciones, a la que también se sumaron los manifestantes ecologistas y del movimiento de chalecos amarillos. En ese contexto participaba Camélia, de 34 años, nacionalidad española y marroquí, residente en Francia desde hace 17 años.

Camélia llevaba un escudo de cartón que rezaba ¨Amnistía para los chalecos amarillos. Soy una utopista pacifista. Este escudo solo sirve para protegerme. No les atacaré”. El escudo, además, servía de pequeña protección preventiva dado su embarazo de dos meses. Y es que, tras más de veinte semanas consecutivas de manifestaciones, las cifras sobre la violencia policial se saldan con 1 persona muerta, 5 amputaciones de manos, 23 ojos perdidos, 267 impactos en la cabeza, 8.700 detenciones (muchas de ellas de forma arbitraria) y más de 2.200 heridos.

Sin ningún otro motivo salvo portar el escudo protector, Camélia fue detenida durante 36 horas y posteriormente encerrada cuatro días en un Centro de Internamiento para Extranjeros. El delegado del Gobierno en París ha ordenado su expulsión del territorio francés durante 24 meses, amparándose en el artículo L511-3-1 del código penal francés. Según este artículo, un ciudadano europeo puede estar obligado a abandonar el territorio francés si su comportamiento constituye una “amenaza real” y “suficientemente grave” para el “orden o la seguridad públicos”. Sin embargo, Camélia no tiene antecedentes y jamás ha ejercido ninguna violencia en una manifestación.

Desde MG París denunciamos:

• La vulneración del derecho de manifestación por parte del Estado francés, por la vía de la prohibición preventiva de manifestarse en cada vez más lugares, o bien por la vía de la represión policial.

• La discriminación y el ataque específicos a ciudadanos basados en su condición de migrante y la utilización sistemática de la expulsión del territorio, llegando al absurdo de expulsar a ciudadanos que llevan más tiempo y tienen más arraigo en Francia que en el país de origen.

• El aumento de la represión vivida durante los últimos meses de protestas en el territorio francés, con el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza policial, como por ejemplo el uso de cartuchos de gases lacrimógenos.

• La aprobación a principios de febrero de una polémica ley de seguridad. Este texto, debatido ahora en el Senado, permitirá prohibir la asistencia a una manifestación a alguien que por su comportamiento en protestas pasadas “constituya una grave amenaza”. También autorizará los registros durante las protestas y permitirá sancionar con penas de hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa a quienes acudan a las manifestaciones con el rostro enmascarado.

El caso de Camélia no es un error ni un caso aislado, sino que obedece a una clara estrategia de amedrentamiento y de criminalización mediática de la protesta para salvaguardar la imagen del gobierno de Macron. El colectivo de migrantes españolas está, además, directamente afectado, por ser susceptibles de sufrir el mismo procedimiento. No puede instalarse el miedo a manifestarse por el hecho de ser migrante, especialmente cuando la protesta pacífica es la principal vía de queja y de expresión de las condiciones sociales y laborales que muchas de nosotras vivimos.

Por eso llamamos a la solidaridad con Camélia y a participar en todas las convocatorias de apoyo que se producen durante estos días.

MG París