Inversión en ciencia

La inversión en I+D+i, y muy especialmente aquella dedicada a asuntos civiles, fue uno de los sectores que más sufrió los recortes durante la crisis de 2007.

Desde la crisis de 2007, la dotación para I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado (Gasto 46) se ha visto reducida drásticamente. Viendo en 2012 su mayor recorte, que no llegó a recuperarse sino hasta el año pasado (2021).

Estos datos son aún peores si miramos a la tasa de ejecución presupuestaria (que empieza a registrarse en el año 2000), que se va así mismo reduciendo desde la crisis del 2007, pasando de unas tasas altas cuando empezó a registrarse el dato (mayores del 80%) a los ridículos porcentajes de los últimos años (en torno al 50%).

Según el Informe COTEC 2020, el decreciente grado de ejecución se ha producido en la partida de gastos financieros, como puede observarse en el siguiente gráfico, publicado en dicho informe, que permite ver una relación mucho más directa entre la bajada del grado de ejecución y la crisis del 2007.

Es importante recalcar que la poca subida en los presupuestos que se ha dado en los últimos años se ha debido principalmente a los activos financieros, lo que ha hecho que el gasto real total haya disminuido pese al ligero aumento de la partida presupuestaria.

Correlación inversión-puestos fijos

Entre los años 2010 y 2014, debido a la brusca bajada de la inversión en I+D en nuestro país tras la crisis de 2008, se observa una importante reducción en el personal contratado (fuente: https://www.fecyt.es/es/publicacion/indicadores-del-sistema-espanol-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2020). Aunque en los siguientes años la contratación ha crecido hasta volver a los niveles pre-crisis, este aumento no refleja sin embargo la situación real del personal contratado en I+D+i.

Varias plataformas ciudadanas y sindicatos, como Ciencia con Futuro o Marea Roja, llevan años denunciando la precarización y temporalización de los nuevos contratos tanto en universidades como en centros de investigación. En el propio CSIC, los contratos temporales superaban el 43% en 2018 (fuente: https://www.eldiario.es/economia/justicia-investigadores-encadenaron-contratos-temporales_1_2191576.html). Y en las universidades la situación es similar, por ejemplo, la Universidad de Granada tenía un 42,5% de contratos de duración determinada en 2017 (fuente: https://www.granadahoy.com/granada/sindicatos-piden-reducir-temporalidad-Universidad_0_1124887984.html), siendo 40% el máximo permitido por Ley Orgánica de Universidades de 2001. La media estatal de personal con contrato temporal se situaba en el 42,4% en 2017 (Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/profesores-universitarios-envejecidas-precarizadas_1_3343127.html).

Distintos artículos científicos revisan la situación del personal laboral de investigación en universidades y centros de investigación públicos, llamando la atención sobre esta misma problemática (Ballester Laguna et al. “Los contratos laborales del personal investigador en España. Especial referencia al sector público”, 2017. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69729/1/2017_Ballester_RLDE.pdf) y hacen un análisis de los distintos tipos de contrato para investigadores del sector público, concluyendo que los dos mayores problemas que éstos provocan son la precariedad y la alta temporalidad.

Los contratos circunscritos a la Ley Orgánica de Universidades de 2001 y posteriores reformas, para universidades, y la Ley de Ciencia de 2011, para centros de investigación, no están sujetos a las restricciones del Estatuto de los Trabajadores, que limita el encadenamiento de contratos temporales, impidiendo que un mismo trabajador esté vinculado con dos o más contratos de este tipo por un periodo superior a 24 meses dentro de un arco temporal de 30 meses. Esto provoca el encadenamiento de contratos temporales que suelen comenzar con contratos predoctorales (o de ayudante), pasando luego por contratos postdoctorales, ayudante doctor, contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación (CASECTI) u otros contratos temporales como son los de profesor visitante, de investigador distinguido o por obra y servicio.

Por su parte, Moreno Gené (“Los contratos laborales de los profesores y de los investigadores en las universidades públicas”, 2017. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6041108) critica que “la carrera profesional del profesorado y de los investigadores se ha convertido en un penoso vía crucis por el que inexorablemente se debe transitar antes de poder obtener unos razonables niveles de estabilidad laboral”. Pone el foco en los aspectos que han llevado a esta situación, desde los propios contratos que dificultan en extremo la estabilización de profesorado y personal investigador, a los recortes en los presupuestos de las universidades públicas, que han provocado fraudes de ley que empeoran esta ya precaria situación, como los falsos asociados de universidad o los falsos profesores visitantes, con los que se pretende cubrir las necesidades de personal de las universidades. Así mismo, denuncia que las universidades públicas hacen un uso excesivo del contrato por obra y servicio, permitiendo la contratación de profesorado y personal investigador prácticamente de forma perpetua pero sin perspectivas de estabilización laboral.

Todas estas causas provocan altas temporalidades en los contratos de investigación tanto en universidades como en centros de investigación, que pueden llegar a superar los 30 años de encadenamiento de contratos, como se extrae de las distintas sentencias que se analizan en el artículo (https://www.eldiario.es/economia/justicia-investigadores-encadenaron-contratos-temporales_1_2191576.html).

Otros artículos de interés:

https://www.eldiario.es/sociedad/precariedad-recortes-ciencia_1_2794806.html

https://www.eldiario.es/sociedad/fuga-de-cerebros-ciencia-recortes_1_3368033.html

https://www.eldiario.es/sociedad/profesores-universitarios-envejecidas-precarizadas_1_3343127.html

Planes de retorno, ¿sirven para algo?

El Programa Ramón y Cajal nace en 2001 con los objetivos de reincorporar a la investigación española a científicos nacionales que estuvieran desarrollando su actividad en el extranjero, atraer investigadores extranjeros con una trayectoria destacable y mejorar las condiciones laborales. Este programa pretendía acabar con la endogamia en los centros I+D mejorando los procesos de selección y haciéndolos más competitivos.

Sin embargo, pese a que el programa Ramón y Cajal fue el primer intento de establecer un plan de retorno e inserción de investigadores, el resultado no cumplió los objetivos. Tras analizar el Informe final de las convocatorias de ayudas para contratos Ramón y Cajal 2018 y 2019 realizado en 2018/2019 por la Agencia Estatal de Investigación (http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=05ab21e4b6368710VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=ca-va), observamos el número de solicitudes al programa y el número de solicitudes concedidas anualmente (Figura 2 del mencionado informe). Vemos cómo de 2012 al 2017 se redujeron notablemente las ayudas asignadas, siendo estas alrededor de unos 200 contratos anuales para todas las áreas de ciencias y humanidades. El número de ayudas concedidas es ya de base un número bastante reducido y  ridículo respecto a los contratos ofertados por los centros, lo que nos indica la necesidad de incorporación de personal cualificado que presenta la investigación española, tanto en universidades como en centros públicos. Este informe realizado por el propio Ministerio de Ciencia e Innovación pese a realizar un análisis de la nacionalidad de los solicitantes, no valora sin embargo, la situación laboral vigente de los solicitantes y su lugar de residencia, lo que impide realizar conclusiones respecto al primer y principal objetivo del programa Ramón y Cajal, el retorno de los científicos.

Una vez concedida la solicitud, los investigadores deben seguir superando a lo largo de cinco años evaluaciones por comités externos que en el futuro permitan acceder a la tan deseada estabilidad laboral mediante la convocatoria a una plaza de investigador. En todos los años, la mayor parte de los contratos fueron formalizados por las universidades públicas y centros de I+D (Figura 8 del mencionado informe). Sin embargo, el programa ha fracasado debido a que la oferta de empleo público no se ha ajustado a los compromisos establecidos provocados por una terrible limitación presupuestaria y un retraso en la resolución de las convocatorias que han generado la falta de un entorno que permita realizar la investigación en condiciones favorables.

Otros planes de retorno a menor escala que se han intentado implementar para recuperar la ciencia son, por ejemplo, los programas ICREA (www.icrea.cat/) e Ikerbasque (www.ikerbasque.net/es) que se pusieron en marcha en Catalunya y Euskadi con el objetivo de vencer la cultura endogámica, así como facilitar la incorporación de investigadores extranjeros. Estas convocatorias, ampliamente difundidas, cuentan con financiación pública y permiten la incorporación de investigadores con contratos indefinidos. Lamentablemente, pese a los resultados positivos y prometedores, en 2019 el alcance de estos programas únicamente había logrado incorporar 265 investigadores ICREA y 149 investigadores sénior Ikerbasque. [fuente: Carrera científica II. Recomendaciones para eliminar las desigualdades en el acceso a oportunidades (Amaya Moro-Martín, 2.º Informe sobre LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA 2019)].

Según el Informe sobre el Retorno e Incorporación de Científicos e Investigadores a España (IRICIE) elaborado por Científicos Retornados a España (CRE) (https://cre.org.es/iricie/), de entre los investigadores encuestados, los resultados muestran que un 14% retornó sin empleo, un 65% mujeres, y un 56% de estos no había cotizado lo suficiente para recibir ninguna prestación o ayuda. Además señala, que sólo un 3.7% de ellas obtuvieron contrato funcionarial al retorno “indicando que la internacionalización no influye a corto plazo en la estabilización en el sistema público en categoría de funcionario”.

Según este mismo informe, el 67,3% de los encuestados manifiesta su intención de continuar su carrera profesional en ciencia, investigación o docencia en la educación superior. Sin embargo, solamente un 55% de las personas retornadas del sector pretenden quedarse en España al finalizar el contrato, concluyendo que “Estos datos ponen de manifiesto un porcentaje significativo de investigadores que no tienen clara su proyección profesional en España.”.

Entre las causas que dificultan el retorno, enumeradas en este informe, se incluyen:

• Los contratos de incorporación tienen una duración corta.
• Un empeoramiento de las condiciones laborales al volver, tanto profesional como económicamente.
• La manera en que se comunica la oferta de plazas: no suelen llegar al extranjero porque no hay un medio adecuado ni eficaz.
• El sistema de homologación de títulos.
• La carga burocrática y los sistemas curriculares digitales como el CVN de FECYT, la acreditación de ANECA y otros están desvinculados, lo que hace que los candidatos tengan que duplicar, triplicar, etc. el tiempo invertido en volver a rellenar todos los formularios de méritos requeridos en estos sistemas y otras convocatorias.

La sociedad Científicos Retornados a España (CRE) ha puesto en marcha el programa CREce de mentoría para el retorno. Se trata de una iniciativa dirigida a investigadores, docentes o profesionales científicos que hayan regresado recientemente al país o se encuentren en proceso de regresar a España y deseen incorporarse a alguna de las estructuras académicas o de I+D+i del tejido profesional español. Este programa ofrece la oportunidad de formar parte de una red de mentores y participar en una plataforma de asesoramiento personalizado, dirigido a ayudar a investigadores retornados del extranjero o en vías de retorno a establecerse en España, definiendo un plan que se ajuste a las necesidades asociadas a los diferentes estadios de la carrera profesional.