Estimadas Manuela Carmena, Purificación Causapié, Marta Higueras y Mercedes González,

Nuestro colectivo considera que la propuesta de modificación de reglamento de la EMV presentada por Ahora Madrid no garantiza el derecho a la vivienda consagrado tanto en Tratados Internacionales de Derechos Humanos como en la propia Constitución Española. Por lo tanto, no debe ser aprobado en el próximo pleno. Sería oportuno que se abriera un periodo de discusión pública para redactar un nuevo reglamento que sí diera respuesta a las emergentes situaciones de necesidad de acceso a la vivienda pública y social que vive Madrid.

A destacar como especialmente injusto (entre otros puntos) el hecho de eliminar la posibilidad de inscribirse como solicitantes de vivienda social a aquellas personas que no estuvieran empadronadas en Madrid los últimos dos años; aquellas que tengan derecho de uso en otra vivienda en el Estado y a aquellas que estén habitando una vivienda pública de forma irregular en el momento de la solicitud. Asimismo, las situaciones para optar a viviendas de especial necesidad quedan tan limitadas que excluyen a un gran número de familias.

No puede vetarse que las personas que han tenido que migrar, debido a la crisis económica, se inscriban como demandantes de vivienda social. Tampoco que las victimas de la privatización de la vivienda pública puedan acceder a una vivienda social, tras la venta a fondos buitres de las mismas  por parte de la EMVS y el IVIMA. Muchas de estas familias se encuentran inmersas en procesos de desahucio, y en situación de máxima vulnerabilidad ante el cambio de sus condiciones contractuales. Y sin duda el ayuntamiento debería admitir responsabilidad directa en esta situación al deberse a la venta fraudulenta de propiedad pública.

Por último, tampoco es tolerable impedir que personas a las que no les ha quedado más remedio que ocupar una vivienda vacía, ante la inacción de los poderes públicos, puedan acceder a solicitar una vivienda social. Debe recordarse que la inmensa mayoría de  las ocupaciones producidas en los últimos años se debe, precisamente, a la crisis provocada por las entidades financieras, que ha llevado al desempleo y  la precariedad a un enorme número de personas. Desahuciados, parados y  precarios, se han visto obligados a proporcionarse un techo en viviendas que se encontraban vacías, en muchos casos por  la pésima gestión de  gobiernos anteriores, quienes además redujeron el número de vivienda social con la citada venta fraudulenta a fondos de inversión. Estas personas, que se han autotutelado un derecho que desde la Administración debía habérseles proveído, no pueden ser ahora castigadas y condenadas a permanecer en esa situación de por vida, y eso sucederá si no se les permite solicitar una vivienda social, a la cual tienen derecho como seres humanos.

En cuanto a las situaciones de atención prioritaria, el reglamento tan sólo atiende a aquellas personas que han perdido la vivienda mediante orden judicial por desahucio; ese requisito deja fuera, además de aquellos desalojados por ocupación irregular, a las personas que se encuentran en situación de calle por no poder pagar el alquiler, y a muchos otros supuestos de desalojos forzosos sin orden para ello, como pueden ser los derribos.

Por todo ello, nuestro colectivo, mediante el presente escrito, solicita que reconsideren la aprobación de la modificación de reglamento y abran un periodo de debate público del que surja una normativa que garantice, efectivamente y de una vez por todas, el derecho a la vivienda en la ciudad de Madrid.

Marea Granate París