El próximo 25 de abril, una comisión de diputadas y diputados del Congreso, incluyendo miembros del partido del gobierno en España, asistirán al curso «Prevención del Delito Fiscal, Contrabando y Blanqueo de Capitales», que organiza la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID -cuyo presupuesto, por cierto, ha sido recortado en un 70% en los últimos tres años- en el Centro de Formación de la Cooperación en Montevideo.

La  corrupción es un fenómeno ampliamente extendido en España, que ha impregnado a la casa real y a la mayor parte de los partidos con representación parlamentaria. Mediante dicha práctica se ha hecho efectivo durante décadas el saqueo a los recursos públicos por parte de la clase  política, empresarial e institucional. Dicho saqueo contribuye a sostener y fomentar la brecha entre ricos y pobres y a lesionar aún más el precario modelo democrático español.

Llama la atención, además, la presencia de diputados del PP y del PSOE, dos partidos que, a través de su acción de gobierno, han contribuido decisivamente a situar  España en el puesto número 40 en el índice internacional de corrupción, tal y como explica  el informe de Transparency International.

Esta situación resulta aún más paradójica teniendo en cuenta que el curso se realiza en Uruguay, un país mucho mejor posicionado en dicha lista (ocupa el puesto número 19). Cabe la esperanza de que nuestros representantes políticos aprendan algo del país de acogida, pero consideramos que más bien han venido a limpiar su imagen internacional a costa del erario público, obviando sus responsabilidades y en un claro ejercicio de cinismo.

Desde Marea Granate Uruguay consideramos inadmisible que tanto el PP como el PSOE, pese a encontrarse enfangados en gravísimos casos de corrupción  (la financiación ilegal del partido del gobierno o el caso de los EREs en Andalucía, entre otros), traten de engañar a la opinión pública uruguaya contaminando con su presencia un curso cuyos contenidos desprecian e ignoran. Especialmente, cuando dichos partidos no han asumido ningún tipo de responsabilidad política a pesar de las imputaciones y procesamientos judiciales en curso.

Valga como ejemplo el caso del ex senador del Partido Popular y tesorero durante 20 años, Luís Bárcenas, actualmente en prisión, que usó el sistema bancario uruguayo para lavar fondos provenientes de donaciones ilegales de empresarios a dicho partido. Estamos seguras de que la misión oficial del Congreso omitirá este detalle a la hora de dar lecciones morales en sus declaraciones de prensa.

Así, desde MG Uruguay queremos denunciar que dicha comisión del parlamento español no nos representa, y nos sentimos insultados por su presencia en un curso de tales características. Nuestra emigración a Uruguay, país que nos ha acogido con una generosidad y calidez que agradeceremos siempre, es producto de la histórica connivencia de los sucesivos gobiernos españoles con el poder económico. La actual situación de España (6 millones de parados, 134 desahucios diarios, un 20% de la población infantil bajo el umbral de pobreza) es consecuencia directa de su decisión de modificar, sin consenso ninguno, la Constitución española para perpetuar un sistema socioeconómico injusto y sacralizar una política de austeridad que no ha impedido transferir 64.000 millones de euros a los bancos que financian sus formaciones políticas.

El colectivo de nuevos emigrantes provenientes de España seguiremos denunciando activamente estas responsabilidades: No nos vamos: nos echan.