Hace unas semanas recibimos una serie de mensajes enviados por una funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación destinada en una embajada de España en un país africano. Por motivos de privacidad -para evitar represalias por haber dado su testimonio-, omitimos su nombre y su lugar de destino, pero reproducimos con su autorización su testimonio. Es uno más de los centenares que Marea Granate ha recibido desde que se anunciaron las elecciones europeas del 25 de mayo, y que han arreciado a medida que se aproximaba la fecha de celebración de las mismas. Los motivos son evidentes, pero antes de analizarlos, leamos qué situación ha vivido una persona que trabaja en el organismo público teóricamente responsable de garantizar que la información necesaria para que el 1.720.000 personas con derecho a voto en España residentes en el exterior pueda cumplir con el derecho constitucional básico por excelencia: el derecho de sufragio:

«Soy una funcionaria destinada en una embajada de España, esto me facilita la solicitud de las papeletas de voto en el momento mismo en que la información llega a la oficina, para conseguir que me sea enviada la documentación dentro de plazo. Igualmente utilizo como domicilio de recepción el de la oficina para evitar pérdidas.

Resulta que por estar en un país africano donde el servicio de correo ordinario es ineficaz y donde los envíos muchas veces no llegan a su destino, mis papeletas me han llegado fuera de plazo y las de mi marido (solicitadas ambas a la vez mediante el mismo fax), no han llegado. De hecho, todavía está esperando que lleguen las de las elecciones de 2012.

Me da la impresión de que no somos casos aislados ni en este país en que residimos actualmente ni en muchos otros en vías de desarrollo.
En un mundo donde internet llega a cualquier lugar, donde para ejercer las obligaciones como es pagar los impuestos a Hacienda, nos son ofrecidas a los ciudadanos todas las facilidades, me resulta incomprensible (no quiero decir sospechoso) que a la hora de ejercer un derecho básico, como es el del voto, todo sean dificultades y burocracias complicadas.

La administración debería velar para que este derecho democrático fuese ejercido con toda transparencia, facilidad y garantía. Yo me siento timada, de nuevo.»

Como esta persona, cerca de un 96% de las y los ciudadanos que residimos en el exterior nos hemos quedado sin poder votar en estas elecciones. No es una circunstancia casual o inevitable. Es consecuencia de la aprobación por parte del Partido Popular y del Partido Socialista de la Ley de Voto Rogado, que convierte el hecho de votar residiendo fuera en una carrera de obstáculos prácticamente insalvable, a no ser que se tenga mucha suerte o un conocimiento profundo de la legislación vigente. En un contexto en el que, según el CSIC, 700.000 personas han emigrado de España durante 2008 -la mayoría menores de cuarenta años, con formación superior y una aguda percepción de quienes son los responsables de la crísis- esto quiere decir que el bipartidismo se ha librado de un voto de castigo considerable que habría empeorado, aun más si cabe, su pobre resultado electoral.

Para los que nos hemos tenido que buscar las lentejas fuera (porque no nos hemos ido: nos han echado, con sus rescates a la banca y sus políticas austericidas), votar se ha convertido en una quimera casi imposible. Y ni el gobierno, ni el principal partido de la oposición -por denominar de alguna manera a los dos puntales de un sistema en avanzado estado de descomposición- van a mover un dedo para revertir una situación que les beneficia. Las historias de cómo las agrupaciones del PP y del PSOE en el exterior -en particular en América Latina- «confeccionan» los votos, realizando con ayuda de las embajadas todos los trámites para asegurar sus menguantes caladeros de voto emigrante envejecido (convenientemente alimentado mediante programas de subvenciones que cautivan a gente mayor con escasa vinculación con la realidad española mediante viajes y ayudas) han sido recurrentes durante estas semanas.

Desde Marea Granate, por lo tanto, denunciamos que no solamente nos han obligado a irnos a miles de kilómetros, sino que además nos silencian civilmente, haciendo todo lo posible para que no podamos castigar en las urnas una gestión simplemente desastrosa. Si esta persona, funcionaria de embajada, no ha podido ejercer el derecho al sufragio, imagínense el resto.

Finalmente, haremos todo lo posible para mitigar esta situación con vistas al próximo ciclo electoral. Porque queremos contribuir a cargarnos el bipartidismo y todo lo que representa. Pero para ello necesitamos visibilizar el problema, que se hable de el y que se presione también desde España. A cambio, cerca de un millón de votos para demostrar que la realidad no es el único estado posible de las cosas.