Las pasadas elecciones del 20D han sido para muchos importantes y trascendentales por el diferente escenario político que emergía. Irónicamente, los votantes en el exterior tampoco las olvidaremos con facilidad después de batir todos los récords, máximo número de irregularidades durante el proceso y mínimo histórico de participación de la emigración desde que se contabiliza, en unos comicios generales en los que sólo un 4,7% del censo exterior pudo ejercer su derecho al voto.

Este paupérrimo porcentaje se produce en el contexto de salida masiva de españoles, que ha hecho aumentar el censo exterior un 48% desde que comenzó la mal llamada crisis. Como mostramos en este informe, más de la mitad de las provincias/circunscripciones han visto aumentada su diáspora electoral en más de un 75% desde el 2009, con un año 2015 que batió récord de salidas desde que empezó la crisis.  Actualmente cerca de una decena de provincias superan ya el 10% de su censo electoral en el exterior; los emigrantes seguimos estamos así condenados a la abstención por una ley electoral injusta, que hace estragos en nuestro derecho constitucional al sufragio y que impacta directamente en techos electorales o reparto de diputados electos. Cabe remarcar, además, que este censo exterior infraestima las cifras reales de emigración, como han demostrado estudios de investigadores del CSIC, del Instituto de Juventud Española -Ministerio de Sanidad- (4) o datos de Marea Granate basados en estadísticas oficiales de otros países (5), debido a las dificultades para inscribirse o a la pérdida de derechos al hacerlo.

En definitiva, cada vez somos más españoles fuera, muchos más del 1,87 millones oficial, pero cada vez votamos menos.

UN PREOCUPANTE AUMENTO DE IRREGULARIDADES

La causa principal de esta masacre electoral sigue siendo la intencionada reforma de la ley electoral de 2011, que implantó el «voto rogado» para los emigrantes en la enésima maniobra de cálculo político con el voto exterior.

Pero este mínimo de participación responde también a las numerosas irregularidades y arbitrariedades al margen de la legislación, todo un despliegue de artillería administrativa y directrices ministeriales concretas que son un ejemplo más de la voluntad política de silenciar el voto emigrante. Las enumeramos a continuación:

– Cierre del censo el 31 de Julio, casi cinco meses antes de la cita electoral, sin aviso ni publicidad institucional alguna. Éste es, por cierto, un hecho recurrente, como venimos denunciando repetidas veces en elecciones europeas  o autonómicas, y susceptible de volver a suceder en caso de que se tengan que repetir los comicios.

– Falta de mecanismos de inscripciones consulares a distancia, disposición imprescindible ya que miles de emigrantes tienen sus consulados a cientos de kilómetros. A pesar de nuestras peticiones a la Subsecretaría de Emigración del Ministerio de Exteriores -un año después aún esperamos respuesta-, y de las peticiones de la plataforma de juristas “Dos Millones De Votos”, las inscripciones a distancia son facilitadas por un número minoritario de consulados aún, y únicamente mientras los censos están abiertos. Es imprescindible reformar (y se podría haber hecho al margen de la ley electoral) la accesibilidad de los consulados a la hora de realizar trámites para garantizar nuestro derecho a votar.

– Impedimentos de registro consular como residente temporal, un hecho que se viene repitiendo en anteriores elecciones andaluzas, catalanas y autonómicas ; no hay ningún criterio legal para justificar la aleatoriedad de dichas restricciones, salvo por directrices del propio Ministerio al respecto.  Sirva como ejemplo este audio.

Marea Granate ha constatado que se solicitan a los emigrantes requisitos de inscripción sin ninguna base legal, como declaraciones juradas de llevar menos de dos meses en el país (consulado de Londres), certificados de empadronamiento de menos de seis meses (consulado de Brasil), o partidas de nacimiento que han de ser solicitadas a las instituciones españolas (consulados de Nueva York o Colombia).

– Censos electorales no actualizados: irónicamente, a pesar de este control extremo de la inscripciones consulares, a día de hoy los cambios de registros entre un consulado y otro por desplazamiento de los emigrantes son, en muchos casos, complicados. Además las inclusiones en el CERA tras el registro consular no son inmediatas, con demoras de incluso meses por la lentitud con que se llevan a cabo los cambios entre oficinas consulares y delegaciones provinciales del censo.

– Incoherencias entre la Junta Electoral Central (JEC) y Delegaciones del Censo sobre solicitud y recepción de papeletas: según la JEC, en el caso de los españoles que se encuentren temporalmente en el extranjero, la recepción de las papeletas puede efectuarse en la dirección deseada e indicada en el ruego, aun cuando esta dirección no coincida con el país en el que se efectúa la solicitud. Esta posibilidad es imprescindible para que muchos emigrantes sometidos a movilidad extrema puedan votar. Sin embargo, muchos consulados e incluso algunas delegaciones provinciales del censo desconocen dicha información y niegan dicha posibilidad (y el consiguiente derecho a voto) a los emigrantes.

– Impedimentos en las rectificaciones del censo a distancia, un tramite que se exige que se haga de manera presencial durante el período de reclamaciones, inexplicablemente y, de nuevo, sin ningún amparo legal al respecto. El cierre de los censos sin aviso previo meses antes de la convocatoria de elecciones hace de la corrección de errores en el censo un trámite indispensable para muchas personas para poder votar. Muchos emigrantes no pueden desplazarse cientos de kilómetros a subsanar domicilios; irónicamente, estos trámites sí pueden hacerse a distancia fuera del período de reclamación.

– Problemas en la sede del INE y números de fax de las delegaciones provinciales del censo: algunos números proporcionados por el INE para la comprobación censal dejaron de funcionar, lo que se sumó al pésimo funcionamiento de los números de fax (sobre todo el de Madrid, apagado con frecuencia o fuera de horario español de trabajo). Nos hemos encontrado también rechazo de ruegos por documentación ilegible, hecho del que se avisa muy tarde, cuando la rectificación es ya imposible.

– Falta de medios en los Consulados: hemos visto colas de hasta 5h en algunas oficinas consulares, como en el caso de Londres, con situaciones de precariedad laboral y falta de recursos en la administración exterior y desentendimiento general por parte de las autoridades; consecuencia directa del discurso negacionista de la emigración del Gobierno, y su nulo interés por dimensionar la ola migratoria y atender a sus necesidades con los medios adecuados. Le recordamos al Ministerio de Exteriores que sólo en Reino Unido los registros del NIN (sistema de Seguridad Social británico) multiplican por cinco las inscripciones en el padrón exterior y por siete el censo exterior registrado en 2014. Ninguna medida adecuada ha acompañado a este aumento migratorio, sino todo lo contrario: el consulado de Manchester, por ejemplo, cerraba definitivamente en junio de 2011, dejando tan sólo Edimburgo y Londres al servicio de los ciudadanos españoles en Reino Unido.

Asimismo, tenemos constancia de que durante el periodo de ruego de voto resultó imposible contactar con ciertos consulados. Desbordados por la avalancha de consultas, muchos no respondían a llamadas ni emails de las numerosísimas personas que, en vano, intentaban comunicarse con ellos para informarse sobre el procedimiento de voto.

– Falta de protocolos de vigilancia en las urnas de los consulados, donde permanecen hasta 72h (hasta cinco días extraordinariamente estas elecciones). Este hecho fue denunciado con anterioridad por la Junta Electoral Central sin que se hayan tomado medidas al respecto.

– Falta de información en los consulados y en mesas electorales en España: hemos constatado en ocasiones desconocimiento por parte de los consulados de normativa básica sobre el procedimiento de voto, lo que en algunos casos induce a error y/o a la pérdida de informaciones imprescindibles para el ejercicio del sufragio.

Además, la complejidad del proceso y la desinformación general ha hecho que nos lleguen quejas de los propios recuentos en España, donde personas presentes en ellos han observado cómo papeletas con diferentes formatos, como las de los votantes ERTA, son declaradas nulas.

– Negación continua de la Junta Electoral Central a la ampliación de plazos, a pesar de producirse impugnaciones de candidaturas en provincias como Badajoz, Barcelona, Guadalajara, Alicante, Valencia o Tenerife, con el consiguiente retraso en los envíos de papeletas a los emigrantes, y a pesar de las peticiones elevadas por distintos partidos políticos. Tan sólo la retención de las sacas de papeletas en el aeropuerto de Barajas propició la sugerencia (que no obligación) de apertura de los Consulados para votar durante los días 19 y 20 de diciembre; una medida absurda puesto que la mayoría de emigrantes no habían recibido las papeletas. A día de hoy, con más de un mes de retraso, aún las estamos recibiendo.

Por el contrario, los que sí vieron ampliados sus plazos por enésima vez, previa petición del Ministerio de Defensa, fueron los militares en el exterior. La discriminación de los civiles en estas ampliaciones de plazos es recurrente , y de hecho frente al desplome de nuestra participación la de los militares se ha duplicado en los últimos años alcanzando tasas del 84%.

– Sobre con papeletas incompletas: en las circunscripciones de Asturias y A Coruña muchos sobre no contenían las papeletas del Senado. A pesar de ser enviadas en algunos casos con posterioridad los restrictivos plazos impidieron a muchas personas votar a esta cámara.

– Opacidad absoluta con los resultados y procedimientos del voto exterior: falta de un sistema de seguimiento que garantice al votante que su voto se contabiliza. Los resultados de las elecciones fueron publicados con «el 100% del escrutinio» sin haber contabilizado el voto exterior (y con diputados electos en juego en algunas provincias); los resultados finales que sí incluyen nuestro recuento aparecen en el BOE dos meses más tarde, agregados al total del voto para que sean lo menos informativos posibles.

– Problemas con los reembolsos de los importes del voto: a pesar de estar reconocido en nuestra Constitución el derecho a voto y su gratuidad, muchos electores en el exterior tienen que pagar por los envíos de voto. Los reembolsos correspondientes rara vez se reciben, y cuando son tramitados lo hacen con muchísimo retraso. Además hemos comprobado que en muchas ocasiones el importe reconocido no es el total del que se abonó, y aparecen numerosas dificultades para cobrar los reembolsos tramitados por una empresa privada subcontratada por el Ministerio de Interior.

– Ausencia de respuesta institucional a las numerosas reclamaciones y escritos: las numerosas quejas de la plataforma Dos Millones De Votos a Ministerios, Junta Electoral Central, Instituto Nacional de Estadística, o las reclamaciones particulares de los ciudadanos ante las Juntas Electorales Provinciales al ver vulnerado su derecho no han tenido ninguna respuesta institucional (ni reconocimiento oficial, en el caso de las reclamaciones) por parte de organismo alguno.

En definitiva, los ingentes esfuerzos llevados a cabo tanto por la Marea Granate, Dos Millones de Votos o los propios electores, asesorando y difundiendo información o denunciando irregularidades, han sido eficazmente neutralizados por las medidas expuestas en el presente informe, teniendo como consecuencia, una vez más, una paupérrima y preocupante participación exterior en los comicios.

CONCLUSIONES DE NUESTRA ENCUESTA

Marea Granate lanzó una encuesta después de las elecciones para investigar y determinar las causas por del 1,8 millón de “votos robados”. Respondida por más de 2.000 emigrantes (grado de confianza >99%), los resultados de la encuesta desvelan tres causas principales de la pérdida de votos: problemas con los envíos de papeletas, inaccesibilidad de los consulados y desconocimiento y falta de información oficial adecuada (campañas institucionales, por ejemplo) del proceso.

Así, un 36,9% de las personas encuestadas tuvo problemas con el envío de las papeletas (recepción tardía, no recepción o sobre de voto incompleto), un 29,6% no logró votar por la inaccesibilidad de los consulados (distancia, horarios, condiciones…), y un 15,2% se quedó fuera de las urnas por desconocer el procedimiento de voto, debido a una información oficial a todas luces insuficiente.

Cualquier reforma electoral que tenga por objetivo garantizar el voto de los emigrantes deberá tener en cuenta al menos estos aspectos:

• Plazos adecuados para los envíos de papeletas y sistemas alternativos para mejorar dichos envíos
• Una reforma de la administración en el exterior que garantice que los trámites sean eficientes, la información esté disponible y haya recursos suficientes.
• La emigración española debe tener además un peso político adecuado, con representación específica que defienda su problemática; el recorte de derechos básicos al que está especialmente sometida, junto con el aumento preocupante e incesante del censo en el exterior, lo hacen imprescindible.

Urge una reforma electoral, justa y garantista, que evite las irregularidades de antaño, mayoritariamente cometidas por los partidos; urge una reforma al margen de cálculos políticos  cuyo único objetivo sea restablecer el derecho del voto a la numerosa (y dolorosa) ola de emigración y exilio español; urge que esa reforma se lleve a cabo de forma transparente y consultando con la sociedad civil que sufre la problemática. Urge establecer, de una vez, la democracia en el exterior y hacer cumplir derechos civiles básicos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior.

#VotoRogadoVotoRobado
GT Voto Marea Granate