El año 2022 entraña un aniversario triste y vergonzoso en la política española, pues este año es el 10º aniversario del cambio de modelo sanitario y del inicio de la exclusión sanitaria de cientos de miles de personas en España, algunos casos con consecuencias nefastas.

Desde Marea Granate venimos denunciando de forma reiterada la exclusión sanitaria existente en España tras la aprobación del RDL 16/2012 y de la Ley 22/2013, que modificaron completamente el sistema sanitario español. Debito a estas leyes, en España pasamos de tener un modelo de cobertura sanitaria universal a sufrir un modelo « de seguros » según diversos criterios administrativos. Esta reforma sanitaria fue aprobada por el gobierno del PP de Mariano Rajoy a través de un RDL, aprovechando la mayoría absoluta que en ese momento tenía el PP para su aprobación por vía urgente. De esta forma, el PP también evitó cualquier debate en el Congreso entre los distintos partidos políticos y, sobre todo, eludió el debate dentro de la sociedad española sobre el tipo de modelo sanitario que como sociedad queremos construir y defender. 

Esta reforma sanitaria también nos excluía de la sanidad a las emigrantes. Los distintos gobiernos españoles, con sus sucesivas reformas laborales, que empujaron a la ciudadanía a la precarización laboral, primero nos obligaron a emigrar en busca de un futuro digno y más tarde nos cerrarron las puertas al sistema sanitario público, robándonos el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. La Ley de Segunda Oportunidad del 2015 nos devolvió parcialmente el derecho a la atención sanitaria, bajo requisitos muy particulares y excluyendo precisamente a personas desempleadas.

Tras la reforma sanitaria del año 2012 del PP, en el año 2018 el gobierno del PSOE realizó una nueva reforma sanitaria, mediante la aprobación del RDL 7/2018. Pero esta nueva ley no sólo no resolvió la exclusión sanitaria que supuso el RDL 16/2012, sino que profundizó aún más en ella, dotando a las CCAA de nuevas tretas legales y abriendo más caminos a nuevas formas de exclusión sanitaria. Esta ley vincula la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a la residencia habitual en el territorio español, poniendo un límite mínimo de 90 días de residencia.

En la realidad, esto significa que las personas que no llevan ese tiempo mínimo de residencia en España o que no pueden demostrarlo, como son las inmigrantes a la espera de regularizar su situación o las emigrantes de visita temporal, quedan excluidas de la asistencia sanitaria, incluso en casos de urgencia, embarazo o menores de edad. Estos 3 supuestos sí estaban cubiertos con el RDL 16/2012 del PP, por lo que podemos asegurar que la reforma sanitaria del gobierno del PSOE del año 2018 ahondó aún más en la exclusión sanitaria impuesta por el PP en el año 2012.

Y así hemos llegado al año 2022, 10 años después de la nefasta reforma sanitaria del PP y de su ruin forma de proceder, privando al conjunto de la sociedad española de un debate tan necesario como cuál es el modelo sanitario que queremos. Y sin que el gobierno del PSOE hiciera nada para solucionarlo en el año 2018, más bien al contrario, puesto que lo empeoró en algunos casos.

El 16 de junio de este año, el actual Gobierno español presentó un « Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. (121/000110) ». Y desde Marea Granate nos vemos otra vez en la obligación de denunciar que, aunque el título del proyecto de ley lo indique, si esta ley se aprueba tal y como está redactada actualmente, la sanidad pública española seguirá sin ser universal ni equitativa.

Una ley sólo es universal si incluye a todas las personas, sin distinción de origen, lugar de residencia, situación administrativa, situación laboral o color del pasaporte. La reforma de la ley sanitaria propuesta por el actual Gobierno excluye a varios colectivos:

    – inmigrantes que tengan su residencia habitual en España y que estén a la espera de regularizar su situación administrativa, y

    – personas españolas de origen que hayan emigrado y que estén de visita temporal en España, si esta atención constituye el motivo de su desplazamiento.

¿Pero qué significa que para que las emigrantes españolas reciban atención sanitaria con cargo a fondos públicos, esta atención no podrá constituir el motivo de su desplazamiento? En resumen, que las emigrantes sólo tenemos derecho a la asistencia sanitaria pública en España en caso de urgencia. Otra vez, de nuevo nos devuelven un derecho que el propio PSOE nos robó con la reforma sanitaria del 2018, pero sólo nos lo devuelven de forma parcial.

Hay muchas situaciones a lo largo de la vida de una persona en que precisa asistencia sanitaria, y estas situaciones son igual de importantes para la salud que las urgencias. Veamos algunos ejemplos reales, sufridos por compañeras de Marea Granate:

1. Una persona española con una enfermedad crónica que precisa revisiones periódicas por parte de un servicio especializado cada 3 meses. Cuando esta persona emigra, no sabe cuánto tiempo va a estar en el país de acogida, a lo que se une que, en muchas ocasiones, ni siquiera maneja el idioma local con fluidez. Si no puede seguir viajando a España de forma regular para sus revisiones periódicas, esto conllevará que pase mucho tiempo sin esas revisiones. La enfermedad puede descontrolarse en este periodo de tiempo. Además, cuando una paciente es vista de forma periódica por un equipo médico, que es quien conoce su historial, no es recomendable cambiar ese equipo médico de forma temporal. Lo más recomendable sería seguir con la misma rutina hasta saber si la emigración va a ser temporal o va a ser definitiva.
2. Una española con una enfermedad crónica que precisa revisiones periódicas que emigra a otro país donde el acceso al sistema sanitario precisa meses de papeleos y burocracia, llegando a ampliarse en ocasiones incluso a un año. Esos países no distan mucho de España, pues en países como Francia o Alemania es así. Si esa emigrante no puede venir a España a continuar con sus revisiones médicas, esto implicaría que estaría todo este tiempo sin cobertura sanitaria. Y estamos hablando sólo de países en Europa con un sistema sanitario semiprivado, de donde nace el problema de acceso; el desamparo sería aún mayor para las personas emigradas a países sin convenios como los europeos o en países con sistemas sanitarios enteramente privados.
3. Una española joven y sana que, tras vivir varios años en un país europeo, es diagnosticada de forma repentina de una enfermedad que precisa diálisis 3 o 4 días a la semana e inclusión en lista de espera para un transplante renal. Decide retornar a España de forma urgente para pasar todo el proceso al lado de su familia y amigas, pero se encuentra con que, como el motivo de su retorno a España es recibir asistencia sanitaria, el Gobierno español le ha excluido de la sanidad. Entonces dirán que, como es española, sólo debe seguir los pasos que dice la ley para volver a tener cobertura sanitaria. Estos pasos pasan por:
   • Tener un trabajo, tarea imposible para alguien en su situación, o
   • Empadronarse y, posteriormente, solicitar en el INSS su inclusión en el sistema sanitario público. Este paso no es imposible a priori, pero la burocracia conlleva tiempo y en este caso, la persona no dispone de ese tiempo, pues su salud depende de recibir tratamiento varios días en semana.

Estos casos reales de compañeras de Marea Granate se resolvieron gracias al buen hacer del personal de la Administración Pública o del Sistema Sanitario Público, que, sin conocernos, buscaron las grietas del sistema para devolver la cobertura sanitaria a estas personas de forma inmediata.

El Gobierno central y los Gobiernos autonómicos dirán que tenemos asegurada la asistencia sanitaria en cualquier caso, y eso es cierto, pero evitan decir la letra pequeña. No han sido pocas las ocasiones en que emigrantes españolas de origen se han encontrado con un compromiso de pago como requisito previo a su atención en un servicio de Urgencias de un hospital público español. O, incluso, con facturas que llegan a posteriori reclamando el pago de la asistencia sanitaria recibida de urgencia. Desde Marea Granate denunciamos que, tal y como está la ley, esta práctica significa que podemos quedarnos con deudas con el estado cada vez que necesitemos asistencia sanitaria. Este hecho es algo que consideramos muy grave, puesto que tiene un gran impacto en las finanzas de un colectivo de la población que ya está de por sí precarizado.

Pero en Marea Granate no nos olvidamos de que las emigrantes no somos las únicas personas excluidas por esta ley. Las personas inmigrantes residentes en España que están a la espera de regularizar su situación administrativa y sus familiares también están excluidas de la sanidad. De igual forma que nosotras cruzamos fronteras en busca de un futuro digno, esas personas también cruzaron las fronteras de sus países de origen en busca de lo mismo, pero desde España les negamos de forma reiterada esa dignidad que se merecen. La ley también debe incluir a estas personas, sin distinción de ningún tipo y sin tener la obligación de pasar ningún tipo de pruebas y obstáculos para ello.

De igual forma, tampoco nos olvidamos de que, aunque el proyecto de ley de reforma sanitaria presentado por el actual gobierno deroga la ley 15/1997, en realidad sigue legalizando las privatizaciones dentro del sistema sanitario público. Según la propuesta de ley actual, las privatizaciones podrán realizarse a través de conciertos con la sanidad privada “de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y sólo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud”. Para que estas condiciones se den, toda la red de centros del Sistema Nacional de Salud debería estar funcionando de forma ininterrumpida y a plena capacidad todos los días, y ya sabemos que la realidad es otra bien diferente. Desde la aprobación de la ley 15/1997, esta situación se repite continuamente, por eso es imprescindible borrar toda puerta a la privatización de la sanidad pública a través de la ley.

Con todo esto nos encontramos que, ante las exclusiones sanitarias y las privatizaciones provocadas por la aprobación y vigencia de estas leyes, sólo podemos recurrir a intentar encontrar una grieta en el sistema que nos permita bordear la ley. Sin embargo, algo tan importante como la salud y el bienestar físico y mental de las personas no deberían depender de la buena voluntad de aquellas personas a quienes nos encontramos por el camino, que recordemos, sólo están realizando su trabajo y que, además, su trabajo está regulado por ley.

Si los partidos políticos realmente quieren evitar que haya personas en España sin acceso a la sanidad pública y quieren defender un sistema sanitario público de calidad, centrado en la salud y en el bienestar de todas las personas, en lugar de en el beneficio económico de unos pocos, deben modificar las leyes para recuperar la universalidad de la sanidad y prohibir las privatizaciones.

Ahora tenemos una gran ocasión para revertir estas situaciones, por eso, desde Marea Granate exhortamos a los partidos políticos para que no desperdicien esta oportunidad. Más BOE y menos promesas.