Desde el referéndum del 23 de junio los inmigrantes españoles en Reino Unido estamos observando cómo nuestros derechos ciudadanos básicos se ven amenazados. Por un lado, la falta de futuro laboral en España, junto a las pésimas políticas de empleo de nuestro gobierno, nos empujan a emigrar, siendo Reino Unido uno de los destinos principales. Por otro, vemos cómo nuestros derechos como residentes en Reino Unido están en jaque, sin que ello esté siendo reflejado en los múltiples debates mediáticos e institucionales que se están dando al respecto del Brexit. Ante esta situación de incertidumbre, vulnerabilidad y potencial pérdida de derechos, creemos fundamental que la voz de la comunidad española en Reino Unido sea escuchada y tenida en cuenta. Por ello hemos redactado este comunicado, para exponer nuestras preocupaciones, así como las medidas concretas que debería tomar el gobierno español para proteger nuestros derechos.

Una de las consecuencias más graves derivadas de la campaña del referéndum, y que nos preocupa en gran medida, es el auge de la xenofobia. Tanto durante la campaña como en los meses posteriores, hemos visto cómo, en lugar de fomentar un debate sensato y razonado sobre emigración, políticos y medios de comunicación británicos han provocado un debate polarizado, haciendo uso de manifestaciones incendiarias e incluso de falsedades, que han abierto la puerta a la legitimación de la xenofobia, el racismo y la estigmatización social de la comunidad migrante.

En este contexto de desprotección nos preocupa que además se nos utilice como moneda de cambio en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y que se antepongan intereses económicos al respeto a los derechos humanos. Creemos necesario recordar que la salida de Reino Unido de la Unión Europea no puede suponer una vulneración de los derechos más básicos de la cuidadanía europea residente en Reino Unido. Asimismo, Brexit no puede significar desentendimiento por parte de Reino Unido de una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos, y la Unión Europea debe exigir que el gobierno británico cumpla con las cuotas de acogida de refugiados.

Nuestros derechos laborales y sociales están también en situación riesgo. En primer lugar, es esencial que se respete nuestro derecho a vivir, residir y trabajar en las mismas condiciones que la ciudadanía británica, sin ningún tipo de discriminación. Actualmente, se está barajando la posibilidad de exigir una serie de requisitos a los emigrantes europeos, categorizándolos de esta forma en ciudadanos de primera y de segunda. Estos requisitos irían en la línea de las medidas ya en vigor, que contemplan la deportación de inmigrantes extracomunitarios si después de 5 años en Reino Unido no ganan un sueldo de más de 35.000£ al año.

En segundo lugar, consideramos que la cobertura por un sistema sanitario gratuito y universal de forma permanente es un derecho básico. Es inaceptable que como resultado del Brexit se restrinja nuestro acceso al sistema nacional de salud británico (NHS), ya que, teniendo en cuenta que el gobierno español está retirando la tarjeta sanitaria a cualquiera que lleve tres meses fuera de España, esto pone en riesgo la salud de los inmigrantes españoles en Reino Unido.

En tercer lugar, nos preocupan las dificultades burocráticas que está poniendo el gobierno británico a la hora de conceder permisos de residencia. No se puede exigir a los ciudadanos ya emigrados cumplir con requisitos que no eran obligatorios en el momento de su llegada, como haber residido cinco años de manera continuada o disponer de un seguro privado de sanidad para estudiantes. A esta preocupación se añade la falta de asistencia por parte de los servicios consulares españoles en Londres, cuyo colapso, insuficiente dotación presupuestaria, y limitados horarios de apertura limitan extremadamente su capadidad de reacción aún en circunstancias normales. Es necesario recordar además que el gobierno español no dispone actualmente de datos realistas sobre el volumen y naturaleza de la emigración española en Reino Unido, lo cual dificulta enormemente su capacidad de responder adecuadamente a nuestras necesidades.

Por último, nos preocupa la opacidad que ha caracterizado hasta ahora los movimientos institucionales respecto al Brexit, tanto por parte del Gobierno británico, como de la Unión Europea y sus socios. Creemos que es necesario que el proceso de negociación sea transparente, y que la ciudadanía conozca en todo momento el estado de las negociaciones y las posiciones de los distintos actores. Por otra parte, durante todo el proceso tiene que haber una comunicación continua de los gobiernos con las comunidades migrantes para asegurar que el resultado final respete sus derechos.

Aunque es cierto que las negociaciones oficiales entre la UE y Reino Unido no empezarán hasta la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, prevista para finales de abril, esto no significa que no se pueda hacer nada hasta entonces. Al contrario: dada la situación de vulnerabilidad y potencial pérdida de derechos a la que nos enfrentamos, es necesario que el gobierno español tome medidas cuanto antes para garantizar la protección de los derechos de los migrantes españoles en Reino Unido y de los británicos en España. Más concretamente, consideramos que es prioritario actuar en las siguientes ocho áreas: