A pesar de que las cifras de emigración no dejan de engrosarse (las últimas oficiales conocidas, con saldo migratorio negativo nuevamente, son de este pasado día 14 de diciembre), desde todas partes hemos visto estos últimos meses proliferar supuestos planes de retorno de las Administraciones Públicas. Su chocante y homogéneo discurso y planteamiento sesgado nos ha llevado a mirar en perspectiva este peculiar discurso migratorio y a diseccionar el contenido de dichos planes. Os dejamos aquí nuestras reflexiones.
El viraje en el discurso oficial del Gobierno: de negar la emigración a vender un retorno que no existe.
El estallido de la mal llamada crisis y las políticas de recortes han provocado la migración de cientos de miles de personas; se estima que unos 2 millones de ellas extranjeras que estaban establecidas en nuestro país, y un número indeterminado y no exento de polémica de personas de nacionalidad española. A día de hoy, los registros consulares reflejan oficialmente más de 1 millón de inscripciones de nacionales en el extranjero; diversas fuentes y organismos como CSIC, Injuve o la propia Marea Granate no dejan de arrojar cifras de emigración mayores.
Esta dificultad para evaluar con exactitud el número de migrantes ha servido continuamente al Gobierno para dar un mensaje sesgado, cuando no negacionista, de la realidad migratoria -lo que no se ve no existe-; las declaraciones al respecto han sido recurrentes desde los inicios de la crisis (Rajoy, Wert, Marina del Corral, Báñez, Dastis, etc.).
Recientemente, y ante la idea de «recuperación económica» que se intenta implantar, el Gobierno ha dado un giro completo en su argumentario sobre emigración, alegando que no solo no nos vamos, sino que estamos retornando (curioso retorno de quienes, según ellos, nunca se fueron). Así, Fátima Báñez utilizaba cifras de retorno (llegadas durante el año 2016), olvidando el número mucho mayor de salidas desde España en ese mismo año, para mentir vendiendo como saldo migratorio total a los 190.000 españoles y españolas que habían regresado a nuestro país durante ese año. El balance neto real es un saldo negativo (más salidas que llegadas) de -169.000 mil personas: una emigración mantenida y cronificada que se refleja, por ejemplo, en el incremento constante de inscripciones en el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior, que sigue aumentando de manera progresiva desde que empezó la crisis o en el incremento continuo de los nacimientos de españoles y españolas en el exterior año tras año.
No obstante, y a pesar de las evidencias y de haber analizado los datos de retorno con sumo cuidado, hemos visto cómo los medios generalistas se hacen eco del discurso del Gobierno anunciando a bombo y platillo el «retorno» de la emigración, unido al discurso de la «recuperación económica»: mejora la macroeconomía, baja el paro y los emigrantes regresan. El mensaje es que la emigración es agua pasada, y no hay ni una sola mención a todas las personas que siguen saliendo del país o que ven negado su regreso debido a las precarias condiciones que ofrece nuestro país.
El emprendimiento como trasfondo o la negación de creación de empleo público: antes y ahora (la misma historia)
Este discurso oficial construido en torno a la emigración se ha visto acompañado de toda una construcción ideológica liberal en torno al éxito personal, la «aventura», el «salir de la zona de confort» y las virtudes del autoempleo (el machacado «emprendimiento»). Desde los inicios de la crisis se nos ha catalogado de «jóvenes», «emprendedores» y «aventureros», pintando la emigración como una decisión libre y personal en la que no intervienen factores ajenos, y obviando la exclusión social ligada a la emigración, borrando del discurso a toda persona que no pertenezca a la categoría: «jóvenes triunfadores sobradamente cualificados»; no sea que nos demos cuenta de que están emigrando personas de todas las edades e incluso familias enteras, y nos dé por pensar que algo tiene que estar pasando para que esto ocurra.
De hecho, el desglose de cifras para nuestros dirigentes evita a las personas inmigrantes que han tenido que volver a migrar, y en cuanto a la migración de nacionales, suele venir además acompañado de una rancia y xenófoba distinción entre nacidos en el país o fuera de él. Como solemos comentar entre dientes las emigrantes al escucharlo, se nos otorgan niveles de «españolidad» a la hora de evaluar el fenómeno y las políticas que deben ajustarse a él. Irónica distinción en un país de exiliados y exiliadas que murieron apátridas porque nunca se les reconoció la nacionalidad, cuyos descendientes están peleándose aún por sus derechos como ciudadanos. Un país con una tasa actual de natalidad en el exterior positiva, antagónica a la tendencia dentro del país. No obstante, nuestros pequeños nacidos recientemente en el extranjero se quedan fuera de ese desglose de datos que hacen quienes nos gobiernan y las instituciones a su servicio.
La consigna política es clara: negar cualquier perfil que no se ajuste al «joven expat con sed de aventuras y triunfos en el exterior». Todo lo necesario para moldear el discurso de los triunfadores de la globalización, y que al mismo tiempo se invisibilice a los perdedores de la crisis.
En el entorno laboral, se intenta paralelamente a la destrucción del empleo público, que mina nuestro estado de bienestar, arrojar a la emigración al famoso «emprendimiento», a través de numerosas iniciativas y programas financiados por el Ministerio de Empleo y la Dirección General de Migraciones, recogidos en su estrategia nacional (a partir de la página 116). Desde terminología específica (como los «expat-preneurs») a toda una serie de apoyos económicos y mediáticos institucionales como guías para emprendedores, ayudas al emprendimiento de jóvenes, artículos en portales sostenidos con financiación pública, -algunos de ellos intentando captar a la emigración y su descendencia para el autoempleo-, ayudas específicas para retornados «emprendedores» y hasta una promoción audiovisual de «Emprendedores Españoles por el Mundo».
Esta estrategia netamente empresarial viene acompañada de una destrucción de empleo público, causa también de gran parte de la emigración reciente, donde una gran parte de las personas que han dejado el país trabajaban en servicios públicos como sanidad, educación o investigación, entre otros. Así, sólo entre 2012 y 2016 la Administración pública perdía casi 170.000 empleos; si se amplia el ámbito a empresas públicas, la cifra asciende a más de 370.000 empleos destruidos entre 2011 y 2013. En sólo dos años (2012-2014), la educación pública perdió 24.000 profesores/as, destruyendo empleo a un ritmo de unos 10.000 al año. Nuestro país ha perdido también 12.000 científicas/os desde 2010, y la sanidad pública ha sido, también y especialmente, afectada: en 2013 se contabilizaban más de 53.000 trabajadores/as que habían perdido su puesto en los dos años anteriores, por ejemplo. Todo esto sin contabilizar la gran cantidad de personas emigradas que ni siquiera habían llegado a poder incorporarse al mercado laboral español y que se han visto directamente obligadas a buscar medio de sustento en el extranjero.
A pesar de las supuestas mejoras macroeconómicas, ninguna estrategia política se ha orientado a crear empleo público o a reincorporar de manera estable a los trabajadores expulsados a sus sectores correspondientes. Todo lo contrario, Estado y administraciones públicas se han lavado las manos respecto a su obligación constitucional de generar empleo y/o condiciones materiales para que este pueda desarrollarse y únicamente promueven «salidas» individuales, responsabilizando al individuo de su destino: el Estado no va a crear empleo, así que búscate la vida por tu cuenta. De hecho, las leyes siguen limitando tanto el gasto como la contratación pública. Y los cambios legislativos constitucionales para el control del déficit público siguen vigentes para que continúe el trasvase del sector público al privado y perpetuar así un modelo laboral con altas tasas de precariedad y desempleo. En este expolio de lo público entra en juego la emigración: o bien expulsada, negada y olvidada del país, o bien utilizada ideológicamente hacia el sector del autoempleo. Recordemos, además, que a pesar del edulcoramiento mediático e institucional, el modelo del «emprendimiento» supone una pérdida clara de derechos laborales: desde la desaparición de las vacaciones pagadas, pasando por las inexistentes bajas laborales (o por maternidad y paternidad) a las jubilaciones mermadas y precarias. Las tasas de fracaso de estos proyectos, tanto en nuestro país como en otros (por ejemplo Francia), son altísimas y arrojan a la exclusión social a miles de personas. Irónicamente, van ligados en muchos casos a ayudas económicas de lo público: negocios viables durante el tiempo que duran exenciones fiscales, por ejemplo; ¿y si en vez de sostener negocios con dudosa viabilidad creáramos empleo público de calidad?
Los planes de retorno selectivo o la enésima visión liberal de la migración: el «talento»
El debate público sobre la nueva ola migratoria española y la falta de oportunidades ha lanzado también a administraciones regionales y locales a una serie de iniciativas estratégicas de cara al empleo, en ocasiones orientadas a determinados sectores considerados «estratégicos» (como el de la investigación). Lamentablemente, el enfoque neoliberal no ha escapado a estos planes de retornos, con el discurso vacío recurrente del «talento juvenil». Además, al sempiterno uso censitario de «la juventud» para referirse a la emigración española, más grave aún si cabe cuando se trata de diseñar estrategias de retorno que deberían ser un derecho de toda la población sin exclusión alguna, se le añade el concepto de «talento», entendemos que implícitamente asociado a alta formación académica sin mención expresa al respecto, para seguir limitando el margen de acción en el que se aplican ciertas políticas y ayudas.
Cabría preguntar a nuestras autoridades qué se considera «talento», cómo se detecta y cuantifica y en base a qué calculan el valor de las personas. O cómo justifican que esta «medida» sobrepase derechos fundamentales, como podría ser el derecho a la reagrupación familiar, por ejemplo. Más allá del elitismo y clasismo asociado a este discurso, se trata de políticas de selección de flujos migratorios y externalización de la pobreza.
Pero además, mirando con un poco de detalle los planes de retorno desarrollados hasta el momento, nos encontramos con lo siguiente:
En la estrategia, el retorno «joven, autónomo y con talento» preveía crear 60.000 nuevos empleos, y en su estrategia enfocada al exterior proponía incentivos a las empresas para contratación indefinida de emigrantes. Una vez más, trasvase del sector público al privado, eludiendo a éste de su responsabilidad de estabilidad laboral.
Dos años después nos encontramos con que la iniciativa sólo ha sido útil a una decena de personas en dos años, y que la plataforma habilitada al respecto no ha sido en absoluto útil para ello.
Tan sólo un año después los científicos en Andalucía elevan la voz sobre la falta de estabilidad de sus puestos una vez retornados, la precariedad laboral y las promesas incumplidas que les abocan a emigrar de nuevo o al paro.
Dicho plan, que ofrecía contratación a los investigadores por dos años solamente, no ha recibido ninguna solicitud; ante la confusión e incompresión de las autoridades al respecto, cabría preguntarse simplemente de qué piensan que van a comer sus emigrantes retornados el día de mañana, ante el atroz panorama laboral en investigación y la falta de ningún compromiso de estabilización en el plan.
Hace apenas un mes, el PSOE de Santander (en la oposición) propuso una moción para que se destinasen 500.000 euros «para ayudar a estos jóvenes talentos (la llamada «generación más formada de la historia de Santander») a regresar» y que «la mejor forma es a través de ayudas económicas a instituciones de investigación y desarrollo, empresas, y emprendedores que promuevan proyectos innovadores o de investigación en los que se contrate a profesionales con cualificación que estén en el extranjero o fuera de Cantabria». http://www.europapress.es/cantabria/noticia-santander-psoe-propone-plan-recuperar-t-20171024184437.html. Fue desestimada por los votos en contra del PP (13) y el tránsfuga de Cs David González. http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-municipal/plenos-juntas-gobierno/pleno-26-octubre-2017.
CASTILLA LA MANCHA
Castilla La Mancha ha sacado a la luz recientemente su plan de retorno. De nuevo, emprendimiento, autoempleo y financiación a la empresa privada parecen ser las únicas medidas consideradas. Cabe destacar que estas ayudas se conciben una vez que la persona ha regresnte de empleo; además del enésimo desvío de dinero público hacia el sector privado, planificar el retorno desde el exterior es prácticamente imposible con este planteamiento.
La Comunidad de Madrid anunció este verano de 2017 el lanzamiento de un plan de apoyo a la emigración y retorno de talento. Sin ninguna medida concreta, y con un desarrollo previstode 2017, aún esperamos noticias al respecto de algo que, por el momento, no ha sido más que propaganda gubernamental.
Los planes de retorno que se han concebido son ayudas para empresas que contraten «talento retornado», en algún caso solo si «cubren puestos de nivel directivo o técnico superior». Sólo se contempla el retorno de personas «con cualificación». Estas iniciativas han sido tanto autonómicas como locales en algún caso.
Valladolid lanzó con todo bombo y platillo un plan de ayuda al autoempleo y la actividad emprendedora que se jactaba de ser pionero: http://www.valladolidadelante.es/node/12318, https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2017/mayo/22/BOPVA-A-2017-02170.pdf. En él, el 80% de las ayudas son para crédito a la empresa privada (sin pedir contratación indefinida siquiera) y «emprendimiento», especificando medidas como que «los gastos subvencionables serán los costes salariales y de Seguridad Social», hasta «un máximo de 50.000€ por contratación». Como expresaba un compañero emigrado al respecto, son planes económicos para los empresarios y las cámaras de comercio locales de turno, financiados con el dinero de todos: exenciones en cargas laborales y contratación indefinida ausente.
GALICIA
Las ayudas de Galicia para el retorno se limitan también y exclusivamente al autoempleo.
Valgan todos estos casos como ejemplo de la política general de retorno que se está llevando a cabo desde todas las administraciones públicas.
La realidad de la situación de la emigración: ¿qué se puede hacer al respecto?
El derecho a retorno debería serlo para todas las personas, independientemente de su edad y/o curriculum. Sin embargo, todos estos planes están basados en un retorno selectivo: no se pretende que retornen personas, sino que retorne «el talento» –quienes sean rentables y productivos en determinados sectores, ajustándose a determinadas leyes de mercado-. Así pues, retornar deja de ser un derecho, convirtiéndose en la enésima mercantilización de nuestras vidas. Ya se nos expulsó para dejar de engordar listas del paro en nuestro país y ahora se sigue condicionando nuestro retorno a las demandas del mercado.
Al mismo tiempo, con estos planes se intenta vender la idea de recuperación, generando la falsa expectativa entre la comunidad migrante de que la situación en el estado español ha mejorado. Este mensaje termina arrojando en ciertos casos a personas retornadas a un mercado laboral precario, enmarcado en un panorama social atroz. Al paro estructural arrastrado durante décadas, se añade una precariedad y recorte de derechos preocupante. Lejos de mejorar, la pésima perspectiva económica y social se hace crónica. Tener un plan de vida medianamente estable y a largo plazo se complica.
No quieren devolvernos la dignidad que nos arrebataron ni darnos oportunidades decentes: somos carne de cañón para un mercado laboral completamente deshumanizado, sediento de mano de obra barata, dócil y resignada, amparado por unas leyes laborales que están diseñadas para fomentar la explotación y proteger los intereses económicos de las empresas. Volver supone encontrarse con que los nuevos discursos de empresa encubren las mismas culturas nocivas de siempre y que abusan aun más porque la gente está ya cansada y desesperada. Regresar implica tener peores condiciones laborales y mayor inestabilidad que cuando se estaba fuera.
Las actuales ayudas y planes de retorno ofrecidos por las CCAA suponen un desvío de dinero de lo público a lo privado, y eximena las administraciones de su obligación de crear empleo público y restablecer el mermado estado social. Estos planes de retorno no son la solución ni la clave para que volvamos. Haría falta regenerar el tejido laboral estable y de calidad, y reconstruir el estado de bienestar recortado todos estos años atrás, solo así se darán las condiciones óptimas para que muchas de las personas que emigraron puedan regresar.
¿Qué se puede hacer al respecto?
En primer lugar, garantizar la integración social de quienes regresan y asegurar los derechos de la emigración en general.
El dinero que se destina a planes de retorno selectivos y elitistas podría destinarse a evaluar la situación de la emigración. Dedicando recursos acorde a las necesidades observadas, por ejemplo a la integración social (tanto a la ida como a la vuelta) o a programas informativos que cumplan las funciones que ahora realizan las Oficinas Precarias e iniciativas ciudadanas similares: inserción laboral y lingüística, permanencias sociales, etc.
Igualmente, estas dotaciones podrían ser útil dontando a los servicios exteriores de mejores medios y recursos para atender en condiciones a la población emigrada.
Urgiría también con estas partidas garantizar los derechos sociales de las personas retornadas: a día de hoy muchos emigrantes están litigando contra el Estado por la doble imposición y multas a sus pensiones, por ejemplo. Asegurar la cobertura sanitaria de las personas retornadas o incluso cubrir los gastos de dicha asistencia (desobediencia al RDL de exclusión sanitaria) y el cobro de sus pensiones a pensionistas retornados sería también muy necesario y de justicia.
Asimismo todo el dinero que se está moviendo para «defender Europa», los millones destinados al control de fronteras se podrían invertir en ayudar a personas refugiadas y migrantes, enfocando todos los esfuerzos y priorizando las personas en lugar de en los negocios.
En definitiva, toda una serie de políticas sociales son necesarias para la emigración, abordadas desde la igualdad de derechos entre todas las personas emigradas, así como entre ellas y la ciudadanía residente en nuestro país. En lugar de esto, nos encontramos iniciativas selectivas de los flujos migratorios, que niegan el derecho al retorno de tantísimas personas. Ya nos duele ver este tipo de discursos repartidos por doquier en nuestros países de acogida («que vengan sólo los más formados» es parte del discursos de muchísimos partidos xenófobos), no quisiéramos que esta tendencia se contagie y transfiera a nuestras administraciones: el derecho al retorno es básico y universal para cualquier persona emigrada.
Una vez más #NoNosVamosNosEchan.
Sigamos peleando y haciendo denuncia para cambiar estos enfoques y este tipo de políticas.
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Os escribo porque hace hace algo más de un año que volví a España después de cuatro años viviendo en el extranjero. En ese año, hice un máster en Comunicación Institucional y Política, y estuve de prácticas durante un tiempo en agencias de comunicación, pero ahora mismo, me está resultando bastante difícil encontrar trabajo ya que tengo 31 años y no puedo entrar en programas como Garantía Juvenil, etc. Durante el tiempo en el que estuve viviendo en Reino Unido, colaboré con una Oficina Precaria pero estuve muy pocas semanas, porque ya había decidido regresar a España cuando me llamaron para colaborar.
Actualmente, estoy viendo que están saliendo al menos en Andalucía, bastantes ofertas de trabajo como Orientador profesional para la inserción laboral. Soy politóloga, he tenido experiencia trabajando en la administración, aunque muy poquita, de hecho fueron unas prácticas, también en el extranjero, y me gustaría poder trabajar en este sector: «orientador laboral» porque a parte de necesario, está muy en auge. Los requisitos a parte de la titulación, es que necesito realizar un curso reglado de 70 horas para poder obtener la acreditación, y en algunos casos, también experiencia; de forma que tendría tres preguntas que haceros a ver si me podéis ayudar:
* La primera es si vosotros tenéis algún tipo de información sobre cursos reglados para formar a orientadores laborales.
* La segunda es si es posible realizar prácticas con vosotros, o cualquier asociación ligada a esta materia, que me pueda aportar la experiencia que requiero.
En este ámbito creo tener bastante más conocimiento que cualquier retornado por mi formación, el hecho de que estuve haciendo prácticas en un consulado, el tiempo que estuve trabajando fuera, y el haber colaborado en una oficina precaria en Reino Unido, y haber sido objeto también de contratos precarios en ese tiempo que me obligaron a informarme mejor sobre mis derechos, y los lugares donde, podrían ayudarme en todos los sentidos.
*La última y no menos importante, es que desde hace algún tiempo, en los medios, aparece que el Gobierno está tratando de facilitar un programa de ayudas a los retornados, (no sé si facilitando la inserción laboral). En mi caso, al llevar algo más de un año, aquí en España, no sé si podría entrar en este «programa», o si está actualmente funcionando. ¿Qué información me podríais dar al respecto?
Muchas gracias por vuestra atención, espero no haberme extendido demasiado, y espero también que podáis resolverme estas preguntas pronto.
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Entrevista a Marea Granate – el huron
Hola Marea,
Os escribo porque hace hace algo más de un año que volví a España después de cuatro años viviendo en el extranjero. En ese año, hice un máster en Comunicación Institucional y Política, y estuve de prácticas durante un tiempo en agencias de comunicación, pero ahora mismo, me está resultando bastante difícil encontrar trabajo ya que tengo 31 años y no puedo entrar en programas como Garantía Juvenil, etc. Durante el tiempo en el que estuve viviendo en Reino Unido, colaboré con una Oficina Precaria pero estuve muy pocas semanas, porque ya había decidido regresar a España cuando me llamaron para colaborar.
Actualmente, estoy viendo que están saliendo al menos en Andalucía, bastantes ofertas de trabajo como Orientador profesional para la inserción laboral. Soy politóloga, he tenido experiencia trabajando en la administración, aunque muy poquita, de hecho fueron unas prácticas, también en el extranjero, y me gustaría poder trabajar en este sector: «orientador laboral» porque a parte de necesario, está muy en auge. Los requisitos a parte de la titulación, es que necesito realizar un curso reglado de 70 horas para poder obtener la acreditación, y en algunos casos, también experiencia; de forma que tendría tres preguntas que haceros a ver si me podéis ayudar:
* La primera es si vosotros tenéis algún tipo de información sobre cursos reglados para formar a orientadores laborales.
* La segunda es si es posible realizar prácticas con vosotros, o cualquier asociación ligada a esta materia, que me pueda aportar la experiencia que requiero.
En este ámbito creo tener bastante más conocimiento que cualquier retornado por mi formación, el hecho de que estuve haciendo prácticas en un consulado, el tiempo que estuve trabajando fuera, y el haber colaborado en una oficina precaria en Reino Unido, y haber sido objeto también de contratos precarios en ese tiempo que me obligaron a informarme mejor sobre mis derechos, y los lugares donde, podrían ayudarme en todos los sentidos.
*La última y no menos importante, es que desde hace algún tiempo, en los medios, aparece que el Gobierno está tratando de facilitar un programa de ayudas a los retornados, (no sé si facilitando la inserción laboral). En mi caso, al llevar algo más de un año, aquí en España, no sé si podría entrar en este «programa», o si está actualmente funcionando. ¿Qué información me podríais dar al respecto?
Muchas gracias por vuestra atención, espero no haberme extendido demasiado, y espero también que podáis resolverme estas preguntas pronto.
Un saludo y gracias por vuestra labor!
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