Desde hace años venimos denunciando de forma reiterada la exclusión sanitaria existente tras la aprobación del RDL 16/2012 y de la Ley 22/2013, que modificaron completamente el sistema sanitario español, pasando de un modelo de cobertura sanitaria universal a un modelo de «aseguramiento» según diversos criterios administrativos.

Esta reforma sanitaria fue aprobada por el gobierno del PP de Mariano Rajoy en modo de RDL, evitando así cualquier debate entre los distintos partidos políticos, y aprovechando la mayoría absoluta que el PP tenía en el Parlamento para su aprobación por la vía urgente.

La ciudadanía no fue consultada en ningún momento sobre este cambio en el modelo de algo tan importante y necesario como es el sistema sanitario público, y tampoco fue informada sobre sus consecuencias, que tuvieron repercusión inmediata. La primera medida que se tomó fue retirar la tarjeta sanitaria a casi un millón de personas que fueron inmediatamente excluidas de la sanidad pública; el colectivo migrante fue el más afectado, con fatales consecuencias en muchos casos.

Podemos enumerar los grupos excluidos: personas que han venido a buscarse la vida a España y no han podido conseguir el permiso de residencia o lo han perdido; familiares reagrupados; jubiladas que tienen que pagar más por sus medicamentos; parados de larga duración y jóvenes mayores de 26 años que no han podido cotizar nunca y que tienen que demostrar que «no tienen recursos» para poder tener tarjeta sanitaria.

Luego nos tocó a nosotras, a las personas que habíamos emigrado. El gobierno español, con sus sucesivas reformas laborales que empujaron a la ciudadanía a la precarización laboral, primero nos forzó a emigrar en busca de un futuro digno y más tarde nos cerró las puertas al sistema sanitario público. La Ley de Segunda Oportunidad del 2015 nos devolvió parcialmente el derecho a la atención sanitaria, bajo requisitos muy particulares y excluyendo precisamente a personas desempleadas.

Durante estos últimos años, hemos sido muchos los colectivos y movimientos sociales que hemos pedido la vuelta al sistema sanitario público. Desde Marea Granate volvemos a denunciar las devastadoras consecuencias de una ley injusta e inhumana y pedimos al nuevo gobierno de Pedro Sánchez y a la nueva Ministra de Sanidad, Carmen Montón, que den cuanto antes los pasos necesarios para adoptar las medidas legislativas que sean precisas para revertir esta situación, devolviendo a toda la ciudadanía el derecho a la asistencia sanitaria, independientemente de su situación administrativa.

Desde Marea Granate también queremos recordar, tanto al nuevo gobierno del PSOE, como al resto de partidos políticos que suscribieron el Pacto político y social por un Sistema de Salud Público y Universal, su compromiso público para revertir estas leyes y retornar a la sanidad universal.

Pero tampoco olvidamos que la raíz de los problemas que asolan nuestro sistema sanitario público se remontan aún más atrás en el tiempo, con la aprobación de la Ley 15/97, que permitía la privatización de la sanidad. Esta ley fue aprobada con los votos a favor del PSOE y el mismo PSOE se retractó, presentando en el Senado una moción en enero del año 2013, que en su punto 4 pedía expresamente la derogación de la Ley 15/1997.

Así pues, esperamos que estos compromisos no fueran sólo una promesa vacía del PSOE en la oposición, que han olvidado nada más llegar al poder. De igual forma, celebramos las declaraciones del nuevo gobierno tras el último Consejo de Ministras anunciando una vuelta a la sanidad universal, pero recordamos que la derogación del RDL 16/2012 por sí sólo no es suficiente, pues hay más leyes excluyentes. Por tanto, tomaremos con cautela este anuncio hasta comprobar que todas las personas sin excepciones recuperamos la asistencia sanitaria.

Es hora de retornar a la sanidad pública, universal y gratuita en el momento de uso.