El colectivo Marea Granate denuncia la deriva autoritaria y antidemocrática del Estado español evidenciada por la existencia de presos políticos en el mismo, lo cual no es una novedad (la ley antiterrorista ha servido durante años como paraguas para todo tipo de torturas, encarcelamiento y persecución) sino un hecho exacerbado al amparo de la “Ley Mordaza” y empleado como método de represión tanto contra aquellos que alzan sus voces contra sus políticas neoliberales y conservadoras, como contra el proceso soberanista catalán.

Nos preocupa el carácter franquista encubierto del actual régimen español, una supuesta democracia europea, y el gran número de personas represaliadas que existen a día de hoy (Los Jordis, Alfon, Emilio Cao, los jóvenes de Alsasua, los raperos Valtònyc, Pablo Hasél y La Insurgencia, humoristas, titiriteros, activistas pro derechos humanos). Los casos actuales solo enfatizan una realidad inherente al régimen post franquista español, aprovechando la política del shock, iniciada con la mal llamada crisis, para castigar todo tipo de disidencia política e imponer un relato político y social monopolizado, un discurso único que no cuestiona el orden establecido.

En este marco, son muchos los derechos pisoteados y las libertades recortadas. Denunciamos que el Estado español incumple los acuerdos internaciones relativos a la existencia de presos políticos a la par que vilipendia los derechos de asociación* y libertad de expresión*. Denunciamos el exceso de impunidad, los crecientes abusos de poder y la falta de justicia.

Condenamos igualmente la arbitrariedad con la que el Estado español aplica el cumplimiento de la ley en función de la ideología de las personas, así como el uso indiscriminado de tipos penales como terrorismo, enaltecimiento, injurias, blasfemia o atentado contra la autoridad, banalizándolos para perseguir judicialmente a la ciudadanía.

Hemos sido testigos de cómo el Estado español encarcela a personas por hechos tales como participar en una protesta, escribir un tuit, pertenecer a un colectivo social, participar en una reyerta de bar, escribir canciones, hacer obras de teatro, informar durante una manifestación, asistir a una huelga general o por querer ejercer su derecho al voto.

Frente a la justicia social, estas acciones solo promueven la sustitución de la acción política por un uso hiper-punitivo del código penal con la sola intención de revestir de inevitable la represión con la que el estado responde a quienes difieren ideológicamente. Así, se persigue judicialmente y mediante represión policial la pertenencia a colectivos sociales, las protestas y la legítima oposición al statu quo, negando a la ciudadanía el derecho a la protesta y, de forma efectiva, alejándonos de un funcionamiento democrático del Estado.

Por todo ello, desde Marea Granate exigimos que se paren los procesos judiciales abiertos contra la ciudadanía por llevar acabo el ejercicio de nuestros derechos, la inmediata liberación de todas aquellas personas encarceladas injustamente por motivos políticos, que se garanticen el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión, al tiempo que se inicia un proceso de diálogo que proteja el derecho a defender nuestras diversas posiciones políticas.

Reclamamos que se derogue la mal llamada “Ley Orgánica de protección ciudadana de 2015”, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, así como la supresión de los delitos de injurias a la corona**, de ofensa de los sentimientos religiosos*** y la revisión de la reforma del código penal, aprobada con los votos del PP, PSOE, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias (y la abstención de CIU y UPyD) que permitió la extensión la definición de “terrorismo” a conductas que nada tienen que ver con el mismo.

Reivindicamos que se reforme la justicia española, para garantizar su independencia al tiempo que se respetan los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Desde fuera, seguiremos difundiendo y potenciando las movilizaciones ciudadanas en pro de la justicia social, denunciando los excesos que cometen las supuestas fuerzas del orden y el aparato represor del Estado, desmontando las fake news de las cloacas del Estado, contrarestando la desinformación de la caverna mediática y visibilizando las iniciativas de resistencia ciudadana.

La participación ciudadana en los asuntos políticos es un valor que todo Estado que se haga llamar democrático debería fomentar, nunca reprimir.

Antes dormíamos pero hace mucho tiempo que despertamos.

*Recogidos en la Declaración universal de los Derechos humanos Art. 20 y Art. 19 respectivamente (https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/) así como en la Constitución española Art.22 y Art. 20 respectivamente (https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229)
**Artículo 490.3 del código Penal http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#a490
***Artículo 525 del código Penal http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#a525